junio, 2020

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Sustituirá al Reglamento 1222/2009 y será aplicable a partir del 1 de mayo de 2021.

El Reglamento (UE) 2020/740, que modifica el etiquetado de los neumáticos, ha sido publicado

El Reglamento (UE) 2020/740, que modifica el etiquetado de los neumáticos, ha sido publicado
El nuevo reglamento sobre etiquetado de neumáticos conocido como Reglamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020, en referencia a la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros, ha sido publicado con fecha del 5 de junio en el Diario Oficial de la Unión Europea (Doue), modificando así el Reglamento (UE) 2017/1369 y derogando el Reglamento (CE) nº. 1222/2009.
Según ha confirmado la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (Adine), este nuevo reglamento seguirá siendo obligatorio para los neumáticos de turismos y furgonetas, C1 y C2 respectivamente, que se incorporen al mercado; además, incluye como obligatorios los neumáticos de camión (C3). Sin embargo, la etiqueta no será aplicable para los neumáticos recauchutados.
Además, el etiquetado del neumático será obligatorio en todos los neumáticos entregados con los vehículos o instalados en estos, es decir, también en los neumáticos de repuesto.
Con el cambio de diseño de la etiqueta, esta pasará a incorporar información sobre consumo de carburante (resistencia a la rodadura) y de agarre en superficie mojada, con arreglo a una escala de la «A» a la «E». Además, se incluye información sobre el nivel de ruido exterior e información detallada sobre la adherencia en condiciones extremas de nieve y hielo, así como un código QR para el escaneado de información adicional. Adine destaca que no se han incluido parámetros que hagan referencia a la abrasión y el kilometraje por no contar con un método fiable, preciso y reproducible hasta la fecha.
La etiqueta debe ser visible y legible para todos los consumidores, y el nuevo reglamento entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Doue, siendo aplicable a partir del 1 de mayo de 2021, momento en el que queda derogado el Reglamento 1222/2009.

Fuente, INFOTALLER

Los vehículos contaminantes tienen fecha de caducidad. El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó en el Consejo de Ministros establece que “se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g/km”. A tal efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos.
Aunque no se explicita en el texto, esto significa que diremos adiós no solo a los coches diésel y de gasolina, sino también a los híbridos y alimentados con gas. De modo que nos quedaremos con tecnologías de propulsión eléctricas puras o de pila de combustible. Este es un paso previo para conseguir que, diez años más tarde, nuestro país alcance la neutralidad de emisiones, es decir, que solo se emita la cantidad de gases de efecto invernadero que pueda compensar por medios naturales.
Las principales asociaciones del sector han valorado positivamente que el redactado carezca de prohibiciones taxativas a determinados combustibles fósiles y que se marque una hoja de ruta para realizar una transición gradual hacia la movilidad limpia. Raúl Palacios, presidente de Ganvam (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios), insta al Gobierno a “sentarse cuanto antes” para poner en marcha un plan coordinado que permita cumplir con los retos medioambientales europeos y que impulse la recuperación de la automoción, “en un momento en el que la crisis del coronavirus ha parado en seco su evolución”.
Por su parte, la patronal de los concesionarios, Faconauto, ha señalado que el proyecto de ley de crisis climática “es un punto de partida” y espera que se concreten las herramientas para conseguir el objetivo común, que pasa “por un impulso definitivo de los vehículos de bajas o nulas emisiones”. Asimismo, destaca que esta medida aporta “claridad y transmite confianza” a los consumidores a la hora de cambiar su vehículo porque podrán optar “sin miedo” por todas las tecnologías disponibles en la actualidad.
De todos modos, el objetivo del Gobierno es promover la movilidad más ecológica. De ahí que, mientras los coches eléctricos sigan siendo más caros que sus equivalentes de combustión, seguirá apostando por dar ayudas tanto para su adquisición como para la instalación de puntos de recarga. Según sus estimaciones, entre 2023 y 2027, podría existir una paridad en los precios de las dos tecnologías.
Por otro lado, se irán aplicando paulatinamente limitaciones al uso de los vehículos más contaminantes (grandes capitales como Barcelona y Madrid ya lo están haciendo). De este modo, no más tarde de 2023, los municipios de más de 50.000 habitantes deberán establecer zonas de bajas emisiones. También se tendrán que llevar a cabo medidas de impulso a los desplazamientos a pie, bicicleta y otros medios de transporte alternativos. Asimismo, será clave mejorar y animar a la utilización del transporte público, así como fomentar la movilidad compartida eléctrica.
Para hacer crecer la red de infraestructuras de recarga, el anteproyecto de Ley también establece que las estaciones de servicio que vendan más de 10 millones de litros de combustible al año deban instalar “al menos” una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kilovatios (kW) que deberá prestar servicio en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor de la Ley.
Los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes, con un volumen anual agregado de ventas en 2019 superior o igual a 5 millones de litros y menor a 10 millones de litros, instalarán, por cada una de estas instalaciones, al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW, que deberá prestar servicio en un plazo de 27 meses.
Desde 2021, las nuevas estaciones de servicio o las que se reformen deberán instalar, independientemente de su volumen de ventas, al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio desde la puesta en funcionamiento de la instalación.

Fuente,  La vanguardia